En lo que llevamos de año, la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha dictado un total de nueve órdenes de demolición por obras ilegales en suelo rústico en siete municipios de la isla.
La Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo adscrito al Consell de Mallorca, ejecutó desde 2017 a finales de 2021 un total de 465 demoliciones de construcciones ilegales en suelo rústico. La Agència tiene como finalidad ejercer, dentro del ámbito de la isla de Mallorca, las competencias en materia de protección de la legalidad urbanística y las competencias municipales en esta materia que le cedan los ayuntamientos, con capacidad de actuación en el cumplimiento de sus funciones.
Esta misma agencia, entre 2009 y 2015, solo ordenó la ejecución de 19 demoliciones, mientras que en los últimos cuatro años ha ejecutado la demolición de 465 construcciones irregulares en el suelo rústico en la isla, 404 entre 2017 y 2020 y 61 en 2021.
En cuanto a la distribución de demoliciones ejecutadas por municipios, podemos observar que Algaida (68) es el municipio con más demoliciones, seguida de Marratxí (42) y Montuïri (23). Y le siguen Felanitx (26), Pollença (17), Artà (17), Selva (17), Andratx (15), Mancor (13), Capdepera (10) y Búger (10).
Hay que tener en cuenta, que la Administración puede obligar al infractor a ejecutar la orden de demolición imponiendo hasta doce multas coercitivas. Si esto no es efectivo, la demolición se ejecutará por parte de la Administración que lo haya ordenado, pero el coste de todas las actuaciones necesarias para llevarse a cabo se cobrarán al infractor. Si, por el contrario, el infractor puede llegar a la legalización de las obras, la sanción se reduciría en un 50%. Ahora bien, para que así sea la licencia de legalización se debe de haber solicitado dentro de los dos meses concedidos al inicio del expediente, si se hace después, pero antes de que se imponga la multa, la sanción se reducirá sólo en un 40%. Finalmente, cuando una obra no es legalizable, si el infractor demuele antes de la imposición de la multa, ésta se reducirá en un 60%. Igualmente, si se eliminan las obras dentro del plazo concedido por la Administración en la orden de demolición, la sanción se rebajará en un 50%.
Así pues, el 93% de los implicados de las 465 infracciones por construcciones ilegales, han podido acogerse a las reducciones de la sanción, realizando los derribos por cuenta propia dentro del plazo voluntario para hacerlo y presentando siempre ante el Ayuntamiento correspondiente un proyecto de demolición. Asimismo, el 7% restante de los propietarios que realizaron obras ilegales optaron por presentar ante sus Ayuntamientos un proyecto de legalización, en caso de que las obras se puedan legalizar.
Hay que tener en cuenta, que por regla general, las infracciones graves y muy graves prescriben a los ocho años, contados desde la total finalización de las obras; es decir, mientras la construcción no esté del todo acabada no empieza a contar ningún plazo de prescripción. Sin embargo, hay infracciones que, por lo que se refiere a las medidas de restitución, no prescriben nunca. Son las recogidas en el artículo 196.2 de la Ley de urbanismo de las Illes Balears: las cometidas en suelo rústico y las que afecten bienes o espacios catalogados, parques, jardines, espacios libres, infraestructuras públicas u otras reservas para dotaciones.
Entre las conductas que pueden provocar la sanción por infracción urbanística grave en Baleares nos encontramos, entre otras, con la parcelación urbanística, urbanización, construcción, edificación, instalación o transformación del suelo, vuelo o subsuelo sin contar con la preceptiva licencia urbanística, los incumplimientos en la ejecución de instrumentos de planeamiento, deberes y obligaciones legales, la contratación definitiva de los servicios de empresas de suministros sin contar con la cédula de habitabilidad, entre otros.
Finalmente, hay que tener en cuenta que esta tramitación genera ingresos en los Ayuntamientos correspondientes, debido al impuesto de construcción y las tasas que implica la presentación del proyecto, lo que estas 465 demoliciones han generado un total de ingresos de un millón y medio de euros en las arcas de los municipios de Mallorca afectados.